Este atentado de un organismo gubernamental, supuestamente defensor de la legalidad y protector de la ciudadanía, confirma el secuestro del Estado y sus instituciones por parte de las grandes corporaciones económicas, que lo manipulan y utilizan a su antojo, en beneficio de sus intereses.
Compartir no es ni nunca podrá ser un acto criminal. Si yo compro un libro, un disco o un DVD, no hay ninguna ilegalidad en que yo se lo pueda dejar a otras personas para que lo disfruten igual que lo he disfrutado yo. Y lo mismo pasaría si después de leerlo, verlo o escucharlo, lo dejo en el banco de un parque o en una parada de autobús o en la barra de un bar para que lo pueda coger otra persona a la que le puede interesar, aunque yo no conozca a esa persona ni llegue a conocerla nunca. Al contrario, mi acto es aún más loable y generoso.
Internet ofrece un nuevo medio virtual en que acciones de este tipo son facilitadas de una forma extraordinaria, pero el contenido y el fondo de estos actos no cambia de ningún modo. Esto no puede ser en ningún caso un delito, aunque perjudique a los intereses de una empresa privada. Y aún menos será un delito si el creador de la obra soy yo mismo, y deseo compartirla gratuitamente con todo aquél que esté interesada en ella.
Lo que sí que constituye una ilegalidad es borrar y cortar el acceso a sus discos duros virtuales a millones de usuarios de todo el mundo, sin previo aviso.
Ante este acto de terrorismo de Estado que responde a los intereses de grandes empresas de producción audiovisual, los internautas y todos los ciudadanos en general deberíamos plantear una respuesta, en la forma de un boicot a todos los productos culturales masivos procedentes de los Estados Unidos de América, y me estoy refiriendo con ello a los productos de las grandes corporaciones multinacionales que son publicitados de forma masiva en los medios de comunicación. Todos sabemos de qué tipos de películas, discos, programas y series de televisión, y otros productos de merchandising se trata.
